Victor Barrera
El Instituto Nacional Electoral, en voz de su presidente Consejera, Guadalupe Taddei Zavala, deberá manifestarle a Andrés Manuel López Obrador que no puede seguir violentando las leyes que le impiden hacer proselitismo a favor de nadie.
Porque ahora que el tabasqueño a puesto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en particular a la ministra presidente, Norma Piña, como su enemiga número uno, deberemos entender que el objetivo principal es que su movimiento, Morena, perdure en el poder, por muchas décadas.
El tabasqueño quiere hacer creer que la Corte responde al interés de un grupo de personas y por ello determino que diversas legislaciones aprobadas por Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión lastimaban los intereses de ese grupo.
Pero no entiende que, la decisión de la Corte, esta bajo su mandato de ley que es hacer respetar la leyes que emanan de la Constitución Política del país.
A esto se suman las declaraciones de algunos legisladores, que manifiestan que la decisión de la Corte vulneran su trabajo, pero tampoco entienden que la decisión se baso en la forma en la cual se llevó el proceso legislativo donde se cancelaron algunas reglas establecidas.
Por ello ahora se busca que el Plan C, entre en la narrativa del país, para favorecer a Morena, es decir, López Obrador seguirá manifestando que las y los ministros, las y los jueces sean electos por voto popular, y por ello dará a conocer en el 2024, su iniciativa de ley al respecto, mientas que los legisladores propondrán iniciativas similares.
Por ello también se ha iniciado una campaña para que se vote por los candidatos de Morena y aliados y conformar en la siguiente legislatura una mayoría que rebase las tres cuartas partes del total de legisladores y con ello aprobar esas iniciativas.
Ese llamado es claramente violatorio de las restricciones que tienen los servidores públicos, incluyendo al titular del poder Ejecutivo para no utilizar recursos públicos en temas político-electorales.
El presidente desde su conferencia matutina hace el llamado para pedir se vote por Morena y aliados, utilizando recursos públicos y adelantándose a los tiempos electorales.
Sin embargo, hasta el momento no existido alguna posición al respecto de parte del INE y, en especial la nueva integración de su Comisión de Quejas y Denuncias, como el Tribunal Electoral.
Este tema es importante y de la mayor relevancia si consideramos la secuencia de violaciones acreditadas al presidente y su ejército de servidores públicos desde 2021, sin que ello haya generado más consecuencias que algunas sanciones económicas que para Morena, que son mínimas si las comparamos a los de mil 700 millones de pesos de su financiamiento público federal.
Es necesario que el INE actué como un instituto autónomo y un órgano de vigilancia que garantice un arbitraje correcto, que deje a salvo el principio de equidad en la contienda y los principios de imparcialidad y neutralidad en la actuación de los servidores públicos.
