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Todos debemos respetar la ley para mantener un estado de derecho  

Víctor Barrera  

La creación, establecimiento y aplicación de la ley permite a cualquier nación, no solo mantener una convivencia social favorable, sin apuntala el desarrollo económico, otorgando certidumbre jurídica a todo aquel que se establezca en esa nación. 

Sin embargo, la actual administración federal ha mostrado en muchas ocasiones su desprecio por la ley  “No me digan que la ley es la ley”, porque no concibe que la ley se aplica para todos de igual manera y nadie puede estar por encima de la ella aun cuando  tenga la función de presidente de la república. 

Esta actitud, ha sido aplicada también por legisladores  afines a esta administración, que al modificar leyes lastiman  los principios básicos de un Estado de derecho e intentan  subordinar a la Constitución  a discrecionalidad de quien  sustenta el poder Ejecutivo en el país. 

Dando a entender que la ley debe ser concebida por el poder Ejecutivo y no por el Legislativo,  para que nuestra Constitución no sea impedimento para destrozar instituciones y órganos autónomos que hasta ahora han proporcionado mantener una paz social y desarrollo democrático y económico. 

Así se han modificado leyes,  las llamadas secundarias, que intentan otorgar  el manejo discrecionalidad del Ejecutivo para centralizar el poder y desde ahí  aplicar el criterio del Ejecutivo,  como es el caso de la Guardia Nacional que se pretende sea  parte de la Secretaria de la Defensa Nacional, eliminando sus característica de ciudadana  para hacerla militar. 

También se modificaron leyes en materia energética, que tienen al país en la posibilidad de ser sancionado con pagos millonarios o a través de  aplicar mayor arancel a los productos creados en México. 

A pesar  que estas modificaciones  flagrantemente a nuestra Carta Magna, se aprueba con la mayoría que se impuso en el Congreso de la Unión de la llamada alianza “Juntos Haremos Historia”. 

Esto también ha provocado que el Poder Judicial, a través de la Suprema Corte, se encuentre en una disyuntiva entre apegarse al Estado de derecho y manifestar la inconstitucionalidad de ellas u otorgar su validez sometiéndose con ello poder Ejecutivo otorgando su validez. 

Esto ocurre recientemente con las modificaciones a las leyes electorales, que siguen sin aclarar explícitamente  donde se puede evitar utilizar recursos públicos o hacer uso de los recursos del país, para hacer promoción política. 

Esta ambigüedad de la ley permite que se violenten las leyes electorales y solo se excusan con “desconozco quine  hace la propaganda”  o  “Hay otros que también hacen lo mismo, de todos los partidos”. 

Confiamos que ante la nueva presidencia en la Suprema Corte de justicia de la Nación, se oriente nuevamente  la aplicación de la ley y se evite que  una persona este sobre ella. 

Aunque sabemos que esto permitirá al inquilino de Palacio Nacional, volverse la victima, de los mismo que provoca, y con ello mantenerse  en popularidad, aun cuando insito, esto no signifique un buen trabajo para los mexicanos. 

México  debe de dejar de estar en esta situación y hacer que todos y cada uno de los que habitamos México, respetemos la ley. 

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