Seguridad y Defensa
Carlos Ramírez
Con el manejo de frases fáciles que le permiten llegar audiencias masivas, el presidente López Obrador y su política de seguridad parecen estar ahogándose en la discusión bizantina de “abrazos y no balazos”, cuando se acumulan las evidencias de que la falta de operatividad de la nueva estructura de seguridad pública estaría permitiendo el fortalecimiento de las diferentes organizaciones delictivas.
En los últimos meses se han acumulado una serie de evidencias que señalarían la necesidad de reactivar la estrategia de seguridad:
1.- Los recientes acontecimientos en Ecuador por la confrontación del Estado contra organizaciones ya asumidas por el Cártel de Jalisco Nueva Generación y la declaratoria de guerra oficial del Gobierno ecuatoriano contra las bandas delictivas.
2.- La violencia de Estado en El Salvador como única respuesta de la autoridad contra la fuerza violenta del grupo de los Mara Salvatruchas 13, aún sobre tensando la violación a los derechos humanos.
3.- El reciente reporte del Fondo Monetario Internacional en el sentido de que la violencia criminal en México está como uno de los elementos que inciden en la estabilidad que requieren los negocios.
4.- Los últimos reportes mensuales de expectativas de agentes económicos privados consultados por el Banco de México que colocan como problema número y de gobernanza a la inseguridad pública y lo refieren como uno de los elementos señalados por empresarios para limitar sus inversiones.
5.- La declaración del exdirector de seguridad federal de la Secretaría federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Manuel Espino, en el sentido de que el Estado debería pactar con los criminales acuerdos de gobernanza delictiva que le cedieran, en los hechos, espacios territoriales a las bandas delictivas.
6.- Las percepciones analíticas en el sentido de que la estrategia de “abrazos y no balazos” tampoco estaría dando resultados en tanto que las dos principales bandas criminales de México, el CJNG y el Cártel de Sinaloa, se encuentran en una fase de guerra de territorios con expresiones de violencia en buena parte de los estados de la República.
7.- Los datos de que la Guardia Nacional carece de instrucciones operativas para combatir a los grandes cárteles, pero al mismo tiempo no ha tenido órdenes directas para combatir el crimen al menudeo, es decir, el que afecta al ciudadano en su individualidad y en sus propiedades, con evidencias de que estas pequeñas bandas de delincuentes están saliendo ya a las calles a asaltar a los ciudadanos.
8.- En Estados Unidos el control del tráfico y venta al menudeo de drogas está en poder de nueve cárteles mexicanos que operan con impunidad y sin persecución oficial, quizá como una manera de atender la demanda de drogas de los adictos americanos.
La estrategia de seguridad ha logrado, cuando menos en las cifras oficiales, disminuir la tendencia de los delitos más visibles, como los homicidios dolosos, pero cuesta trabajo generar tendencia en la lucha contra las bandas delictivas desorganizada que han multiplicado actividades en las calles, en las casas, en las carreteras, en los vehículos de transporte público y en el espacio femenino.
Todos estos elementos configuran lo que aquí ha sido un señalamiento insistente: con efectos en la seguridad pública y nacional, el país padece una crisis de seguridad interior, es decir, la pérdida de la estabilidad en materia de seguridad en espacios económico-productivos por la captura territorial e institucional de bandas criminales en unidades productivas nacionales.
La seguridad interior refiere la obligación del Estado y sus fuerzas de seguridad para garantizar la estabilidad territorial, social y policiaca combatiendo al crimen que se convierte en problema de capacidad productiva y de bienestar. En esta seguridad interior ha habido una falta de preocupación gubernamental para reglamentar su reconocimiento y para generar políticas públicas en materia de seguridad que impidan que el crimen organizado llegué a comunidades productivas, cobre impuestos delictivos, le exija pago de cuotas a empresarios y trabajadores y contrate a los mexicanos que han sido marginados de las políticas de empleo y que se han convertido en un ejército de reserva para la propia inseguridad.
La autoridad pública federal no ha sabido explicar ni fundamentar de manera jurídica el hecho de que México vive una crisis de seguridad interior, no solo de seguridad pública ni tampoco nada más de seguridad nacional, porque se han visto cuando menos dos casos muy simbólicos: el crimen organizado está cobrando impuestos delictivos a los productores de aguacate que han descollado como sector exportador importante y el crimen organizado está determinando precios de productos básicos en función de niveles bajos que les generen apoyo popular ante la carestía desordenada de alimentos.
En términos de cifras oficiales, la disminución de homicidios dolosos no ofrece ninguna garantía de que se haya resuelto el problema en su estructura, sino que ha sido producto de una mayor presencia disuasiva de las fuerzas federales de seguridad, aunque con casos recientes y crecientes de masacres en negocios de suyo vinculados al alcohol y la droga. Y a esta cifra se agrega el hecho de que la autoridad ha aumentado el decomiso de armas de fuego con propiedad ilegal entre particulares y por lo tanto ha tenido efecto en la anterior facilidad con la cual se resolvían problemas individuales a balazos.
Todo este panorama ilustra la necesidad de entrar de lleno ya a la reglamentación de la facultad presidencial VI del artículo 89 constitucional que le permite al presidente de la República utilizar de modo inmediato y sin pasar por autorizaciones adicionales de la totalidad de la Fuerza Armada oficial en casos de seguridad interior.
El concepto de seguridad interior viene desde la Constitución de Cádiz de 1812 donde se autorizaba al rey a usar la fuerza pública para problemas de “orden interior”, pero la Constitución de 1824 asumió el concepto de seguridad interior. Es decir que en un par de años se cumplirá el bicentenario de la Constitución mexicana y uno de sus pronunciamientos básicos sigue sin tener ley reglamentaria indispensable.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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