Seguridad y defensa
Carlos Ramírez
El corte de caja sobre la seguridad para resolver con anticipación un problema que se puede montar en el proceso de elección presidencial de 2024 ha despertado temores y expectativas en sectores sociales: la inevitabilidad del papel que deben de jugar las Fuerzas Armadas en los tres renglones de la seguridad, la pública, la nacional y la interior.
El tema se contaminó con la decisión del presidente López Obrador de pasarle funciones antes civiles a las Fuerzas Armadas, pero con la intención de apelar a su capacidad de organización y a su lealtad. Ninguna de las tareas asignadas al sector castrense tiene que ver con la definición del Estado o con la autonomía absoluta de funcionamiento de las instituciones políticas que siguen estando en manos de civiles.
Pero en esta historia los malos no son los militares. Sectores disidentes y mandos militares hicieron la Revolución Mexicana y definieron su rumbo ideológico, el régimen de Gobierno, el sistema político, el Estado y la Constitución, las bases fundamentales de la estructura de poder que pasó a manos civiles de manera absoluta en 1952. En exactamente 70 años, los militares no han participado de manera directa en política, salvo cargos legislativos y algunas gubernaturas con el paso previo de solicitar su retiro de las armas; el último político con grado militar de general que aspiró a la presidencia de la República fue Alfonso Corona del Rosal en 1969 sin la representatividad del gremio castrense, sino como burócrata del poder, pero perdió el espacio y la ventaja ante los políticos.
La clave del papel fundamental de los militares en la construcción del régimen mexicano estuvo en 1928-1929, cuando el asesinato del candidato Álvaro Obregón desajustó los equilibrios políticos y mostró que los únicos capaces de mantener unida a la República y reconstruir la estabilidad eran los militares. El presidente y general Plutarco Elías Calles construyó su poder maximalista controlando los tres factores de poder: el gobierno, los grupos dominantes y los generales.
El llamado maximato –que duro en realidad apenas ocho años– no fue la construcción de una dictadura militar, sino que, como lo reveló en la famosa junta con los generales el 5 de septiembre de 1928, Elías Calles apeló a la necesidad de centralizar todo el poder político-militar en la capacidad de gestión del presidente en funciones para evitar una guerra civil y con el objetivo concreto y específico de encaminar al país a una hegemonía de los civiles, porque Elías Calles señaló que el presidente interino y el nuevo candidato deberían ser civiles y no militares.
Hacia esos años en que se construyó la estructura institucional del Estado mexicano, el poder civil era incipiente y los militares constituían verdaderos bloques de poder político porque controlaban tropas, manejaban armas y tenían las posiciones más importantes en los tres poderes del Estado. De manera paradójica, el general Elías Calles concentró el poder absoluto bajo su puño militar, pero siempre exigió que todos los funcionarios y gobernantes trabajarán con enfoques civiles y no convirtieran al país en un cuartel,
En marzo 1938, después de la expropiación petrolera, ante la amenaza de potencias imperialistas de aplastar a México por esa decisión y enfilado el mundo a una Segunda Guerra Mundial, el presidente y general Lázaro Cárdenas transformó el Partido Nacional Revolucionario en el Partido de la Revolución Mexicana, alejando de manera estratégica el futuro del país de cualquier régimen militar. Su decisión transcendental más importante fue crear un partido con sectores corporativos que representarán la totalización de las clases sociales en la dinámica productiva y colocó a los militares como los garantes de ese andamiaje y les dio condición de cuarto sector.
En la sucesión presidencial de 1940 no hubo ninguna figura civil, pero el general Cárdenas optó por el general Manuel Avila Camacho por su estilo más civil que militar. Desde luego que con el conocimiento y sin duda en la aval cardenista, el presidente en general Avila Camacho anunció el 10 de diciembre de 1940, a diez días de haber jurado como presidente, la salida de los militares del PRM con uno de los argumentos políticos que no sean analizado ni entendido en la actualidad: las conquistas de la Revolución eran irreversibles, México había configurado ya una estructura de clases y los militares deberían abandonar el poder para regresar a que “cumplan la misión que legalmente le corresponde”, la defensa de la soberanía nacional.
El 10 de diciembre Avila Camacho publicó un acuerdo presidencial que acentuaba las funciones de seguridad de las Fuerzas Armadas y concluía con una afirmación contundente: “comuníquese al Consejo Nacional del Partido de la Revolución Mexicana que no se autoriza a los militares en servicio activo a que continúen figurando como miembros de dicho partido”.
El alejamiento de los militares como figuras centrales del poder político replanteó una de las reorganizaciones estratégicas más importantes del régimen de Gobierno para avanzar a un sistema civil. Las decisiones del presidente López Obrador de acudir al apoyo militar para labores de construcción y administración de áreas civiles no ha involucrado ninguna posición que pudiera significar o ser interpretada como un regreso de los militares al poder político.
La oposición se ha negado a centralizar con mayor coherencia el tema de las tres seguridades y el regateo a otorgarle marco jurídico a esa exclusiva función parece olvidar la disciplina y profesionalismo de las Fuerzas Armadas y el acotamiento asumido por decisión propia de que el poder político no es función militar, inclusive al grado de que aquellos militares que tuvieron funciones ejecutivas en algún nivel del Gobierno y del sistema nunca lo hicieron como representación de gremio.
En este acotamiento intenso a la reorganización de las funciones militares en seguridad los que ganan son los malos porque tendrá enfrente a un sector militar con las manos atadas. Es decir, que los malos están felices con una estructura de seguridad que tiene más limitaciones que posibilidades.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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