COLUMNAS

El narco no es un hongo

Corresponsabilidad oficial

Seguridad y Defensa

Carlos Ramírez

Aunque las bandas articuladas a la droga tienen más de 100 años de existencia, su irrupción en la agenda política del Estado puede detectarse hacia 1969 cuando el presidente Nixon decretó la Operación Intercepción para revisar todos los vehículos que cruzaban la frontera californiana en busca de droga. En ese momento, el narcotráfico pasó a ser un asunto de responsabilidad directa del Estado mexicano.

En aquel entonces, ya se tenían indicios de que los productores de droga estaban articulados a las estructuras policiacas. La guerra de Vietnam al comenzar los setenta comenzó a requerir de drogas para los soldados americanos que nunca entendieron que estaban haciendo en el sudeste asiático y México se convirtió en una fábrica de marihuana.

La siguiente etapa se detectó en 1984 cuando varios obispos progresistas de la zona sur de la República, dedicados a labores pastorales directas con las comunidades campesinas, denunciaron en un desplegado público que bandas de mariguaneros se estaban apoderando de espacios campesinos, ante el abandono de las políticas públicas a partir de 1977, en el tiempo político del fracaso del PRI y de la burocratización de sus estructuras corporativas de comunidades agrícolas y campesinas.

Esa denuncia pastoral reveló que las corporaciones policiacas, de seguridad y política, estaban protegiendo a las bandas de marihuaneros, toda vez que su función como aparatos represivos políticos del Estado había disminuido con el aplastamiento de la guerrilla y la reforma política de 1978 que trajo a la institucionalidad a la izquierda socialista que había estado acurrucando a la guerrilla armada. En el año 77 se dio un giro estratégico en la configuración de las policías: la judicial federal asumió autonomía de la Procuraduría y la Federal de Seguridad fue penetrada por comandantes que administraban las oficinas que tenía la función de supervisar y evitar el tráfico de marihuana y se habían convertido en gestores del tráfico.

En 1977, el capitán Fernando Gutiérrez Barrios –pieza clave de la policía política represiva del Estado– se retiró de la Federal de Seguridad y pasó al área política de subsecretario de Gobernación encargado de la seguridad nacional, pero con el dato muy revelador de que abandonó su tarea policíaca y se distanció de la DFS, dejando un interregno de viejos policías represivos que terminaron de aniquilar a la guerrilla con acciones de guerra sucia. En la segunda mitad de los setenta, el comandante de la DFS Arturo Durazo Moreno pasó de la Comandancia en el aeropuerto capitalino donde controlaba el tráfico de drogas a la dirección de policía y tránsito del Gobierno capitalino.

El otro salto estratégico ocurrió en 1983 con la designación de José Antonio Zorrilla Pérez como director de la Federal de Seguridad, un político hidalguense que había sido secretario particular de Gutiérrez Barrios, pero cumpliendo las reglas de la disciplina burocrática se distanció de su tutor y se sometió a la subordinación del secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz.

Con estos cambios estratégicos de 1971 a 1983, las bandas criminales pasaron a convertirse en cárteles controladores de precios del mercado de la marihuana y luego de la cocaína y solo pudieron hacerlo con la protección de la policía, como ha quedado claro en la reapertura cíclica del caso Camarena, aquel agente de la DEA que fue secuestrado, torturado y asesinado por el cártel de Caro Quintero y don Neto Fonseca en 1985, y por presión del entonces embajador John Gavin se demostró que las bandas de narcos estaban articuladas a los funcionarios policiacos.

En 1983 ocurrió un nuevo sobresalto estratégico: los políticos que habían utilizado a las fuerzas policiacas y éstas a las bandas de delincuentes como parte de una estructura de control social del país fueron relevados en el poder por tecnócratas especializados en economía y ajenos a cualquiera interés en manejar de manera directa a las bandas criminales, aunque con decisiones que permitieron la autonomía policiaca y de seguridad que siguió alimentando el fortalecimiento de los grupos delictivos y criminales. De 1983 al 2000, el crimen organizado tuvo cierto grado de sometimiento del Estado, en un escenario determinado por la decisión pública de no mezclarse de manera directa en temas criminales.

En diciembre de 2006, el presidente Felipe Calderón Hinojosa tomó la decisión de utilizar a las Fuerzas Armadas como punta de lanza contra los cárteles, pero ya el daño estaba hecho. No fue una estrategia articulada, sino solo correlativa a las presiones estadounidenses en el contexto de la Iniciativa Mérida. y desde entonces los cárteles tomaron el control del crimen organizado y se fortalecieron por la falta de una política de Estado de Calderón y Peña Nieto para atacar de fondo a los grupos de narcotraficantes.

El Cártel Jalisco Nueva Generación, que ha aparecido en los últimos días como centro detonador de la violencia criminal, nació en el 2009 del seno de un grupo delictivo conocido como los Mata Zetas, pero ha derivado en una estructura de imagen mediática paramilitar –aunque con efectividad nula frente a la fuerza militar del Estado– y con una expansión en los negocios del tráfico de drogas en México y los Estados Unidos.

Este grupo delictivo podría ser un buen caso por estudiar sobre cómo los delincuentes nacen, crecen, se fortalecen y operan contra la sociedad y el Estado, mientras estas dos instituciones, la sociedad y el Estado, se percibieron pasivos frente a la consolidación del cártel. En términos de los principios de autoridad, ninguna fuerza tiene capacidad de gestión autónoma para fortalecer una estructura criminal, si no es con la pasividad o el accionar del Estado y sus funcionarios en los tres niveles de gobierno.

En apenas trece años, el CJNG se ha perfilado con un grupo que tiene imagen de estructura paramilitar y que garantiza presencia en 30 estados de la República, sin que en ese tiempo el Estado hubiera desarrollado estrategias para confrontarlo, desarmarlo, desarticularlo y anularlo, y más aún ante los últimos acontecimientos que hablan de un cártel arrogante que desde cuando está desafiando la autoridad del Estado.

Y así como este grupo, todos los cárteles existentes –nueve con capacidad operativa– nacieron y se desarrollaron debajo de las narices del Estado o por obra y gracia del Estado.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no de la publicación.

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@carlosramirezh

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