Víctor Barrera
Todo indica que será en los próximos días se dará a conocer un acuerdo que Andrés Manuel López obrador ha alcanzado con el sector empresarial con el objetivo de frenar la inflación, que hasta el momento sigue en niveles por encima del 7.2 por ciento.
Esto puede ser una buena medida para evitar que la economía de las familias siga viéndose impactada por el incremento de precios no solo de productos básicos sino de todos ellos.
Deberemos esperar para ver cómo se plantearán los objetivos a corto y mediano plazo y poder saber si en verdad será una medida analizada a profundidad y no solo una ocurrencia más para tratar de captar votos en los comicios estatales del próximo mes de junio.
Hace algunas semanas señalaba que llegar a estos acuerdos, necearnos, debe realizarse con la participación de los sectores productivos, por lo que aún falta incluir al sector laboral que implica también un esfuerzo de los pobladores para evitar incrementos salariales que puedan impactar en el nivel de inflación nacional.
Recordemos que estos Pactos o Acuerdos se aplicaron durante el sexenio de Miguel de la Madrid, donde el nivel de inflación superaba el 150 por ciento anual, derivado de una enorme deuda externa y malas decisiones de las administraciones de Luís Echeverría y de José López Portillo, pero esto podría arreglarse de manera adecuada porque esta presión era interna.
Ahora la mayor presión proviene del exterior, primero por la pandemia generada por el covid-19, que obligo al cierre de actividades y con ello la menor capacidad de proveer productos a la demanda del mercado, recientemente la guerra entre Rusia y Ucrania motivo el incremento de los energéticos y de los granos, lo que implica un costo mayor de insumos para la producción.
Afortunadamente las finanzas públicas nacionales se han mantenido en rangos positivos, es decir el incremento de la deuda no se ha disparado lo que permitiría al gobierno federal tener un espacio de acción importante.
Ahora es necesario que el gobierno federal redirija el presupuesto a los sectores productivos para, como lo he señalado en varias ocasiones, fortalecer el sector industrial que implica respaldar a las empresas mediante políticas económicas, y con ello evitar el cierre de las empresas.
También se debe aportar recursos al campo con la intención de generar más cantidad de sus productos para que existan alimentos suficientes que impidan el incremento en sus precios.
Vigilar que estos productos, agropecuarios, no sean captados por intermediario y eleven sus precios, sino que estos lleguen directamente a los distribuidores que mantengan un precio adecuado a la economía familiar.
El punto fundamental es ofrecer certidumbre jurídica, a los inversionistas para que coloquen sus capitales en nuestro país, esto significa aplicar una política de seguridad social que vaya disminuyendo los altos índices de inseguridad, que en cuestión empresarial los contados sean respetados por este gobierno y no cambien de un día para otro.
México requiere que en verdad este pacto sea aplicado y no quede solamente en un discurso como os anteriores tres proyectos.
Debemos subrayar que el sector empresarial prefiere este pacto o acuerdo a que imponga un control de precios que perjudicaría el desarrollo económico del país, algo que ya ha puesto sobre la mesa el gobierno federal.
