Eduardo García Anguiano
Obstaculizar las acciones de las fuerzas armadas contra de la delincuencia organizada es una violación a las normas de la seguridad nacional en México.
Quechultenango, en el estado de Guerrero, se ubica en una región en la que opera el grupo delincuencial autodenominado “Los Ardillos” responsable de la violencia en esa zona en los últimos tiempos. En días pasados sucedieron varias ejecuciones, entre ellas la de un miembro de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en la entidad.
En este contexto elementos del ejército mexicano, policías ministeriales y periodistas fueron retenidos por pobladores de Quechultenango, durante un tiempo aproximado de cinco horas. https://www.youtube.com/watch?v=ezLWftQh4H8
El Secretario de Seguridad Pública de la entidad negoció con los habitantes de ese municipio que retuvieron a unos 30 soldados del ejército mexicano y a 10 policías ministeriales que realizaban un operativo en la región, así como a 20 reporteros que practicaban su labor.
Hasta donde se sabe se firmó una minuta de acuerdos con los pobladores en la que las autoridades se comprometieron a liberar a una persona que fue detenida hace unos días por portar un arma de fuego, lo que se constituye en una violación flagrante de la legalidad.
Es conveniente recordar que la Ley de Seguridad Nacional establece en el Artículo 5.- Para los efectos de la presente Ley, son amenazas a la Seguridad Nacional: fracción III. Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada; fracción V. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada. Adicionalmente, tratándose de civiles, como es el caso de los reporteros, se cometió una privación de la libertad.
Los rehenes fueron liberados y por lo menos el saldo fue: la demostración de que se puede negociar la aplicación de la ley, un ejemplo para otras regiones del país que tengan condiciones similares, la obstrucción de las funciones de la autoridad sin que haya una sanción y una prueba más de la impunidad que prevalece en muchas partes del país.
El filósofo alemán Walter Benjamín expresó: “Pues el poder que conserva el derecho es el que amenaza”.
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