Víctor Barrera
Ayer señalaba el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, que los detractores de la reforma eléctrica, no han “no han podido de ninguna manera refutar los argumentos” que se presentan en la iniciativa y por lo tanto los califica de mentirosos, por los argumentos que otorgan sobre la contaminación que se creara por esta reforma.
Sin embargo, la propuesta que se analiza en el parlamento abierto, tiene muchas aristas que deberán cuidarse para evitar, que, de aprobarse esta iniciativa, pueda ser algo negativo para el desarrollo económico del país.
Principalmente el elevado costo que la reforma tendría para México, porque se tendrían que construir plantas generadoras adecuadas, y para ello se tendrían que destinar recursos públicos que al final repercutirían en las empresas o familias a través del costo de la electricidad ara mantener los subsidios y evitar los altos costos.
Como los gobiernos no crean recursos sino los obtienen de la sociedad, sería inevitable un incremento en los impuestos para compensarlo o creación de algunos otros, la otra salida es la una reducción adicional en los bienes y servicios que proporciona a la sociedad. Entre estos están la seguridad pública, el mantenimiento de la infraestructura, salud pública, pensiones, educación la justicia, menores sueldos reales a los servidores públicos y miles de aspectos adicionales.
Todo lo anterior impactaría en la calidad de la vida de los habitantes del país y quizás se deterioraría aún más.
Otros impactos están en términos ecológicos, de juicios internacionales por parte de inversionistas y conflictos con otras naciones, de caída en la inversión tanto nacional como extranjera en el país, así como un grave y negativo efecto en la operación del T-MEC.
El desarrollo económico de México en las últimas décadas se ha establecido bajo el esquema de propiciar que las empresas nacionales sean competitivas en los mercados extranjeros, para generar las divisas que permitan importar. De mantener este desarrollo, los resultados son altamente negativos, en perjuicio de la población en general.
México ha avanzado en este aspecto y la productividad de las empresas nacionales ha incrementado y permitido que los salarios que pagan las empresas exportadoras y maquiladoras sean superiores al promedio nacional, al mismo tiempo que sus costos se han reducido. Por otro lado, se han podido evitar las periódicas crisis financieras que tenía el país.
Entonces un incremento en el precio de la electricidad, que diversos estudios técnicos lo sitúan arriba del 30 por ciento, haría que miles de empresas dejen de ser competitivas en los mercados internacionales, al elevar sus costos de producción. Para compensarlo, la tendencia sería una reducción en los sueldos y salarios reales, así como una menor exportación de productos manufacturados, menor generación de divisas y una mayor debilidad del peso mexicano, lo que a su vez resultaría en mayor inflación y menor poder de compra. Por lo mismo, el crecimiento de la economía mexicana sería menor, ya que el sector externo es en la actualidad la principal fuente de crecimiento.
Todos estos argumentos han sido vertidos por académicos, especialistas y empresarios que han acudido a este parlamento abierto, pero lamentablemente se ha convertido en un foro de sordos, por parte de una fracción importante del legislativo y que termina con la burla del director de la CFE, que lo único que le interesa es una solución política y no una que mantenga el desarrollo económico del país.
