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Panaut demasiado caro y destinado al fracaso por la rapidez con la cual se creo 

Víctor Barrera 

 

Todo indica que a los legisladores de Morena y sus aliados siguen empeñados en demostrar que para ellos poco les interesa el bienestar de la población y aprueban leyes y reformas que ahuyentan a la inversión, las recientes de la Industria Eléctrica y la de Hidrocarburos, y otras que en estos tiempos de crisis se hacen sumamente innecesarias y absolutamente costosas. 

 En tan solo dos días, los senadores de Morena y sus aliados aprobaron el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut),  que ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, donde se decreta su creación y puesta en marcha desde este sábado anterior, a pesar de que la industria, expertos en telecomunicaciones y organizaciones como el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), manifestaron que este Padrón no era una forma confiable para resguardar los datos personales de la población. 

Esto adelanta que al igual que las leyes de la Industria Eléctrica y la de Hidrocarburos, han recibido una gran cantidad de litigios, que podrían causar un boquete importante en el erario público para cubrir algunos daños a los empresarios y usuarios, que no pudieron visualizar los legisladores de Morena y sus aliados. 

Además, a eso se debe sumar una inversión importante de recursos para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), órgano que será el encargado de la creación y resguardo del Padrón, necesite para realizarlo. 

En estos tiempos de crisis económica, donde los recursos deben ser aplicados de forma directa en los sectores productivos para evitar que estos sigan en caída y se incrementen los niveles de desempleo y pobreza en el país, al gobierno federal se le ocurre la espléndida idea de crear un Padrón para, de acuerdo a sus argumentos para combatir los delitos que se cometen a través de los teléfonos celulares, extorsión. 

Sin embargo, los usuarios de telefonía celular no son el total de la población y la gran mayoría de ellos no están dentro de un plan, objetivo principal para crear este Panaut, por lo que los teléfonos pro pago y los llamados “desechables” seguirán siendo utilizados por el crimen organizado para realizar sus fechorías, en contra de la sociedad. 

En términos económico, Adolfo  Cuevas presidente del IFT, ha señalado que para la creación de este padrón se estima un promedio de gato de 735 millones de pesos , además un gasto de 200 millones más de manera anual para su operación y si el número de usuario de telefonía se incremente, por supuesto será necesario  incrementar el gasto , con el objetivo de tener personal especializado ye instalaciones adecuados, además de la seguridad cibernética para evitar o de manera inmediata localizar el teléfono donde se realicen actos  delincuenciales. 

En tanto el gobierno federal deberá destinar cerca de mil millones de pesos para la creación del Panaut, recursos que, aplicados a los sectores productivos, podrían crear empleos suficientes para recatar de la pobreza a cientos de familias e ir reduciendo los niveles altos de pobreza en el país. 

Otro dato importante es que, durante los primeros años de esta administración, donde la política de ahorro y austeridad, se ha puesto en marcha, el IFT recibió un recorte importante en su presupuesto porque se consideró que era excesivo, y ahora se tendrá que incrementar. 

Cabe mencionar que Adolfo cuevas, envió al senador de morena Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el senado una carta donde se detalla el costo preciso que tendrá el Panaut, la cual se tuvo que tomar en cuenta para establecer los recursos presupuestales para aplicarse en la creación del Padrón y el efecto inmediato al presupuesto total del país. 

En el lado legal, debe preocuparnos este Panaut, porque no se establece de manera concreta la forma en la cual las empresas telefónicas establecerán la forma en la cual se recabarán los datos biométricos de los usuarios y la forma y tiempo que tendrán estos datos en su poder, para luego transmitirlas al IFT. Tiempo que podría ser utilizado por el rimen organizado para realizar fechorías. 

Pero lo más alarmante es que si un teléfono es robado y se utiliza este para realizar fechorías, será el dueño del teléfono quien responderá legalmente ante las autoridades. De tal manera que de poco servirá tener los datos biométricos si no se directamente contra la delincuencia y se culpa a quine lamentablemente le hurtaron su celular. Así es la forma en la cual se legisla ahora en esta 4T, de manera rápida, sin análisis y con demasiados gastos.

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