Víctor Barrera
Lo que ha desatado los “errores” cometidos en la Auditoria Superior de la Federación (ASF), han tomado un camino distinto a la claridad en el uso de los recursos públicos y se ha convertido en la descalificación de un órgano autónomo, de esos que incomodan a Andrés Manuel López Obrador, alejándonos de lo primordial que es el verificar que se utilicen de manera correcta estos recursos públicos.
El escándalo, que puede corregirse, radica en la valuación del sobre costo que involucra el cierre del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que se ubicaría en terrenos del municipio de Texcoco y cercanos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), ubicado en la capital del país.
Lo que pone en duda también, los resultados arrojados en la totalidad del trabajo realizado por la ASF y que culmino en la entrega del Informe de la revisión de las Cuenta púbica del 2019.
Este informe no solo contiene la revisión del NAIM, sino también observaciones a los programas sociales que ha aplicado López Obrador y los costos de los proyectos de la 4T como la refinería Dos Bocas de Tabasco, y el Tren Maya, que representan un total de 67 mil millones de pesos que no han sido aclarados por la administración federal.
Se manifiesta que la valuación de cerca de 332 mil millones de pesos (mmdp), que presenta la ASF y que supera en mucho los 100 mmdp que estima la administración federal, es un “gran error”, pero la administración federal no se explica cuál es el monto real del costo que representa a las finanzas públicas, al erario público el costo de la decisión de cerrar la construcción e NAIM.
La discusión, que probablemente termine en la destitución de David Colmenares al frente de la ASF y que su sustituto, que será elegido por la mayoría de los diputados federales, es decir por los legisladores de Morena, y sus aliados, será prácticamente alguien afín al proyecto de la 4T, para evitar que incomode a la administración federal
Esto dejará a todos los mexicanos sin conocer exactamente el monto del costo total por la decisión tomada por Andrés Manuel López Obrador, que probablemente no serán los 332 mmdp pero tampoco los 100 mmdp, que estima López Obrador.
Porque esta acción no solo es cerrar la construcción del NAIM, si no implica la indemnización de los inversionistas que apostaron sus capitales en el proyecto, la liquidación de los trabajadores que laboraron en la obra, se deberán sumar los costos que se han realizado y realizaran en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, las inversiones para modernizar y adecuar los aeropuertos de Toluca y el AICM, el que se realice para las vialidades que se requieren para llegar a Santa Lucía y, desde luego, el costo del freno a las inversiones por la pérdida de confianza del sector privado en nuestro país, lo que en suma superaran esos 332 mmdp y que lamentablemente tendremos que pagar los mexicanos a través de los impuestos directos e indirectos.
Así vemos una vez más que la opacidad en el manejo de los recursos de todos los mexicanos seguirá prevaleciendo, por lo menos en lo que resta de esta administración federal, la que preside López Obrador y que prometió el combate a la corrupción, la transparencia en el manejo de los recursos públicos y honestidad.
