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¿Deben desaparecer los órganos autónomos en México? 

Víctor Barrera 

 

El lunes 4 de enero expuse que la falta de transparencia en la presente administración federal,   no ha sido una promesa cumplida y señalé que esta administración aún sigue trabajando en la forma en la cual administraciones anteriores lo hacían. 

De acuerdo a las cifras que Andrés Manuel López Obrador, sostiene, más de 30 millones de mexicanos votaron en los comicios del 2018 por su proyecto, porque prometió combatir la corrupción, transparentar el manejo de los recursos públicos, realizar el verdadero cambio de cómo se venían desempeñando las administraciones pasadas, pero esto aún no se cumple y al parecer no se podrá realizar al ciento por ciento dichas promesas. 

Esto último lo señalamos porque ahora se espera que el próximo lunes 11 de enero, López Obrador se reúna con su gabinete para diseñar una reforma administrativa, que elimine algunos órganos autónomos y que las funciones que desempeñaban estos organismos las asuman las secretarias de estado. 

Para realizar esto, tendrá que haber, en algunos casos, modificaciones constitucionales para que las funciones que realizan los organismos autónomos las puedan realizar las secretarias de estado, en otros casos solo basta con realizar modificaciones a las leyes secundarias para desaparecer por completo a los organismos y las secretarias asumir sus funciones. 

Pero primero debemos entender porque se crearon estos órganos autónomos, que fueron el producto de una infinidad de acuerdos y negociaciones derivadas de las exigencias de militantes de la izquierda y la derecha para evitar que el gobierno central federal, mantuviera el uso y manejo de los recursos públicos de manera discrecional y sin rendir cuentas a la población. 

Esto reduciría en gran manera que los funcionarios públicos se enriquecieran con recursos públicos que son el producto de pagos de impuestos de todos los mexicanos y de la adquisición de recursos económicos empeñando la palabra de México como nación para hacer frente al pago de estos recursos. 

Sin embargo, y repito, pese a que este gobierno llego a la presidencia, manifestando que acabaría con la corrupción y que los mexicanos observarían un verdadero cambio en la forma de gobernar, de administrar los recursos públicos, todo indica que, a López Obrador, le molestan estos organismos que exigen se ofrezcan datos reales del uso de los recursos y se transparente el uso y destino de cada centavo de los recursos públicos. 

Desde el inicio de su administración, López Obrador ha iniciado una estrategia para evitar que estos organismos siguieran realizando su trabajo, que parece molestarle, incluyendo dentro de la composición de estos organismos gente cercana a él o a su proyecto denominado 4T. 

Así fueron los casos de los organismos del sector energético  cono la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) o el Centro Nacional de Control de Energía  (CENACE), que aun cuando no son constitucionalmente autónomos, la forma de operar se realizaba evitando que las empresas dependientes del gobierno federal o las empresas privadas obtuvieran ganancias derivadas de un abuso del precio de los servicios prestados o se construyeran acuerdos para fijar precios altos que no fomentaban la competitividad y si la ganancia para un puñado de gente. 

Estos organismos se ajustaron de tal manera que permitieran que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pudiera  des conocer los acuerdos firmados con la iniciativa privada y convertirla nuevamente en la única empresa con la capacidad de generar energía. 

Otro organismo regulador fue el Instituto Federal de Telecomunicaciones, (IFT) que entre sus funciones está evitar que las empresas concesionarias obtengan grandes ganancias o que originen grupos para mantener el poder en lo que a comunicaciones y telecomunicaciones corresponde. 

Ahora con el objetivo de reducir el costo de los organismos autónomos a la administración pública, se pretende enviar al Congreso de la Unión iniciativas de Ley que permitan su total desaparición. 

Pero ahora si va en la desaparición de los organismos que no ha podido colonizar López Obrador y que representan un obstáculo para que él pueda realizar de manera discrecional el manejo de los recursos públicos  

El caso más destacado es el del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que hasta el momento sigue pidiendo y exigiendo información para transparentar el uso de los recursos públicos por parte del gobierno federal, sus dependencias y entidades que dependen de la administración federal. 

Otro organismo que está en la mira es la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) que vigila que no se originen monopolios o acuerdos entre productores para establecer un precio y evitar la libre competencia de mercado.  

También está el Consejo Nacional de Evaluación de la política de Desarrollo Social (Coneval), organismo que ha dado muchos dolores de cabeza a la administración actual al emitir información que no va en la línea de López Obrador y ha destacado el crecimiento de la pobreza y la brecha en la distribución de la riqueza. 

Además de otros organismos que han impedido un manejo discrecional de los recursos y políticas públicas, como son el Instituto Nacional electoral, encargado de evitar que se repitan los viejos vicios existentes en el país durante varios años, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que también realiza mediciones, sobre la economía nacional, la pobreza y que lamentablemente, en su mayoría, no han sido compatibles con los “otros datos” del presidente. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que tiene entre sus funciones evitar que se siga violentando los derechos fundamentales de la población, sin embargo, este organismo ya ha empezado a colonizarse por parte de López Obrador al instalar en su presidencia a una persona muy cercana al titular del poder Ejecutivo Federal. 

El Banco de México (Banxico), que se intentó colonizar a través de la iniciativa de Ley presentada por el Senador de Morena, Ricardo Monreal, que obligaba a la Banca Central a comprar todos los dólares existentes dentro de México, cuando estos no pudieran ser cambiados por el sistema de bancos en México. 

Sin embargo, los organismos autónomos constitucionalmente constituidos, requieren una modificación a nuestra Carta Magna para modificar sus funciones o desparecerlos de manera total, algo que vemos imposible se lleve a cabo en un año eminentemente electoral en nuestro país. 

Pero no descartamos que esto se use de manera electoral por parte de la administración federal manifestando que el gasto que se realiza para el funcionamiento de estos órganos resulta muy oneroso para los mexicanos y que estos recursos pueden ser aplicados y utilizados de mejor manera y no pagando a un grupo de funcionarios administrativos que duplican las funciones del gobierno actual. 

Pero la moneda estará en el aire, y será cuestión del trabajo que se realice entre los partidos políticos y el gobierno federal, para decidir mantener estos órganos autónomos   o desparecerlos de manera permanente.

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