Víctor Barrera
El día de ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó una de las soluciones, políticamente hablando, más positiva para este poder de la nación y para Andrés Manuel López Obrador, que fue aprobar la propuesta de hacer una consulta popular.
El poder judicial que preside Arturo Zaldívar, modificó la pregunta que había planteado López Obrador, dejando este cuestionamiento tan amplio que en el momento de resolver el tiempo, a las personas y los posibles delitos o errores por los cuales se podría realizar un juicio no pueda delimitarse, además de evitar violentar los derechos humanos de las personas, en este caso a los objetivos claros de López Obrador.
Así, la pregunta quedo de la siguiente manera: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
En esta pregunta no se delimita el tiempo en años, podría ser desde el inicio del México moderno o antes y abarcar hasta 2019 o 2020; los actores políticos, pueden ser todos los que de alguna manera participan en la política, desde un militante hasta un presidente; decisiones tomadas, respecto a qué, no se delimita de tal forma que la ambigüedad no lleva a nada
Es cierto que a simple vista se observa como una decisión que vulnera la independencia del poder Judicial respecto al Ejecutivo, pero es todo lo contrario. Porque evita que en este tiempo de proceso electoral con miras al 2021, López Obrador pueda pronunciarse sobre el tema y con ello ser un punto importante a favor de los candidatos de su partido.
De tal forma que debemos entender que los magistrados también conocen de política y que la aplican a favor de hacer prevalecer la ley.
A casi nadie nos pasó por la mente esta solución de la corte y nos sorprendio, hasta el grado de que muchos analistas de manera rápida empezaron a cuestionar la decisión de la Corte sin analizar la realidad de los hechos.
La realidad es que ahora López Obrador no podrá minar el trabajo de la Suprema Corte y con ello le gana un punto al titular del Ejecutivo, permite que la pregunta se realice y gana otro punto, con la población, y aplicará la ley evitando que esta sea determinada por una encuesta, de las que realiza López Obrador, y gana otro punto.
La Suprema Corte, considero la realidad que vive el país y evito una mayor polarización de la población y mostró que no existe un sometimiento a otro poder, simplemente la intención de que prevalezca la ley sobre todo lo demás.
Es por ello que ha sorprendido que la decisión inteligente de la Suprema Corte, otorgando lo que se quería sin perder su principal objetivo que prevalezca la ley.