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Necesario fortalecer sectores productivos para crear riqueza y luego distribuirla, hacer lo contrario solo generará más pobreza

Víctor Barrera

Raquel Buenrostro, titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT), otorgó datos importantes que dan tranquilidad al gobierno de López Obrador, al señalar que existe aun 11 mil 400 empresas donde se está negociando el pago de adeudos fiscales, lo que podría asegurar más recursos a la administración federal.

Como resultado de la implementación de mejores estrategias de cobranza y fiscalización a grandes contribuyentes, de enero a agosto de 2020, el SAT recaudó 77 mil 829 millones de pesos (mdp); 184.8 por ciento real mayor al monto del mismo periodo de 2019, cuando se recaudaron 26 mil 461 mdp.

Debemos aplaudir el buen trabajo realizado por la jefa del SAT, que ha sacado recursos que durante mucho tiempo se había pensado eran perdidos, ya sea porque los empresarios a través de argucias judiciales o por cansancio terminaban con la presión de las autoridades y se concluía con condonar el pago de los impuestos.

Ahora se busca que las negociaciones se lleguen a acuerdos con beneficio para las empresas y para el gobierno, lo que ha dejado recursos para este último que pueden ser utilizados en favor de los mexicanos.

Las cifras totales otorgadas por Raquel Buenrostro señalan que de enero a agosto el total de la recaudación tributaria en el país se ubicó en 2.2 billones que aun cuando representa una disminución de 0.5 por ciento, en términos absolutos representan 59 mil 880 mdp más respecto al año anterior.

De seguir con este buen trabajo del SAT, podremos esperar que la administración federal pueda ocupar los recursos para fortalecer la estructura productiva del país, con el objetivo de crear riqueza y entonces si poder distribuirla, es decir se inyecten recursos públicos en la creación de infraestructura que permita que más comunidades puedan conectarse a las capitales estatales y puedan comercializar su productos.

Infraestructura que permita que las grandes empresas puedan establecerse en diferentes estados de la nación para descentralizar a la población y que lleguen estas empresas a más comunidades para ir disminuyendo la pobreza.

Esto obligará al gobierno federal a la construcción de consultorios clínicos, clínicas y hospitales, además de escuelas para el desarrollo académico y un mejoramiento en cuanto al cuidado de salud de la población.

Ojala y exista este objetivo en el poder legislativo para distribuir los recursos que se generan el país para fomentar una mayor riqueza y entonces si poder distribuir esta riqueza para apoyar a la población más vulnerable.

Será pues tarea del Ejecutivo y el Legislativo empezar a establecer las medidas adecuadas para genera el fortalecimiento de los sectores productivos que originen más empleos, mejores salarios y mejor calidad de vida.

De lo contrario, como lamentablemente lo seguimos viendo, solo se seguirá distribuyendo la pobreza, cuando en los programas sociales se otorga cantidades que apenas logran la supervivencia de quien lo recibe, que van desde los 2 mil 220 pesos a los 3 mil 745 pesos mensuales, que únicamente los mantiene arriba de la pobreza extrema, pero quedan en muchas ocasiones en la pobreza alimentaria porque no alcanza para comprar los víveres suficientes para una buena alimentación.

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