INDICADOR POLÍTICO
Carlos Ramírez
La nueva fase de falso debate sobre la militarización tiene el objetivo estratégico de colocar a las fuerzas armadas como una estructura e institución al margen del Estado, del gobierno y de la sociedad. Pero además de estar dentro de esos espacios estratégicos, tiene un cuarto, quizá el mas importante de todos: la garantía de la seguridad nacional de la soberanía externa y, con mayor razón, de la soberanía interna ante la disputa por el poder por parte de grupos delictivos.
La campaña de desprestigio del periódico español El País contra las fuerzas armadas mexicanas forma parte de una ofensiva de intereses foráneos. Los medios de comunicación nacionales y extranjeros tienen la tarea de denunciar irregularidades en todos los sectores, incluyendo los castrenses, pero sin poner en duda el papel estratégico de las fuerzas armadas como la última línea de defensa de la soberanía del Estado.
El debate sobre las fuerzas armadas en seguridad interior se da en el contexto del segundo informe presidencial, con el tema de constitucionalidad ya resuelto en el Quinto Transitorio de la Reforma Constitucional de 2019 que creó la Guardia Nacional y tiene su imagen externa en el papel rector de la seguridad por el civil Alfonso Durazo Montaño. Los titulares de las secretarias del gabinete presidencial del ejército y la armada forman parte de una coordinación civil reconocida en la figura del presidente de la república –como en todas las naciones– como comandante supremo de las fuerzas armadas.
El periódico El País tiene problemas graves para explicar la estructura cívico militar en España. En los hechos, España tiene un gobierno militar-civil: el rey que nadie elige sino que es rey por mandato de Dios y rey como jefe del Estado aparece siempre con su uniforme militar porque es capitán militar del ejército de tierra, de la armada y del ejército del aire y asume el mando supremo de las fuerzas armadas. En la crisis reciente de la independencia de Barcelona, el rey apareció uniformado como rey, jefe de Estado y jefe militar, lo que fue condenado por el partido Unidas Podemos, hoy en la vicepresidencia del gobierno.
Los incidentes de violencia ante los ataques de grupos delictivos contra las fuerzas armadas –éstas ya no asumen iniciativas de agresiones– van a seguir existiendo, pero se están canalizando por los tribunales civiles. En este sentido no existen circunstancias, condiciones o “pactos de impunidad”, sino procedimientos legales de investigación. Los cuestionamientos actuales a la participación de las fuerzas armadas en seguridad interior ante agresiones de grupos delictivos con capacidad de armamento superior a las policías es una forma de desarmar a la sociedad ante los cárteles de la criminalidad.
Al formar los titulares del ejército y la armada del gabinete presidencial y al existir un mando civil presidencial y de gabinete en la seguridad, entonces no existe militarización porque los militares son parte de la estructura del Estado, el gobierno y el gabinete. El debate debiera ser sobre la complicidad civil en la configuración y fortalecimiento de los cárteles delictivos.
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EE. UU. 2020. Si se necesita algún indicio de que la campaña del candidato demócrata Joe Biden no repunta basta ver la campaña paralela que abrió Michelle Obama, esposa del expresidente Barack Obama, para recolectar fondos y votos son su imagen. Se trata de vincular la figura de Biden con la de Obama, aunque sin resultados concretos. Las encuestas se están revirtiendo en los estados clave con una baja en la tendencia de votos demócratas.
El Partido Demócrata se dedicó a confrontar a Trump hasta el cansancio, pero no construyó una base política y menos electoral. Los debates entre una docena de precandidatos no perfilaron de inmediato a Biden y en el descarte se perdieron votos. La líder legislativa Nancy Pelosi sólo abonó su guerra personal contra Trump y el expresidente Obama entró a equilibrar demasiado tarde.
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