Jalil Chalita Zarur
A nivel nacional el diario El Universal, afirma en una de sus columnas que el SAT demandó y persigue al diputado federal Ricardo Gallardo Cardona por evasión de impuestos.
Señaló que el fraude al fisco es por 9 millones de pesos y que por lo tanto se le frustró a Gallardo la posibilidad de la alianza de Morena-PVEM para postularlo como candidato a la gubernatura.
Gallardo Cardona con el derecho a réplica que todos los ciudadanos tenemos, aunque él nunca se la haya otrogado a nadie, intentó desmentir y pidió pruebas.
A contra replica el periodista, Rodríguez Cortés en su siguiente Columna del día de hoy, le dió la puntilla para darle muerte política a Gallardo.
El periodista presentó pruebas y además, tras su investigación más a fondo encontró qué hay otra evasión fiscal por 7 millones, que en total suman 16 millones pesos, que son propiedad del pueblo, por lo cual aún se le persigue como a un delincuente, y advierte que los potosinos deben tener información verdadera de los posibles candidatos a Gobernador para saber a quién favorecer con su voto.
A continuación la columna de Rodríguez Cortés dice:
El diputado federal Ricardo Gallardo Cardona, quien busca una candidatura al gobierno de San Luis Potosí, trae a cuestas una acusación de evasión fiscal aún no resuelta por los órganos jurisdiccionales.
El exmilitante perredista y actual legislador por el Partido Verde, quien pretende amarrar una alianza con Morena para apuntalar su aspiración política, envió un desmentido que, en atención a su derecho de réplica, se publicó integro en la edición en línea de EL UNIVERSAL.
Aclaración concedida, satisfaremos ahora otra de sus peticiones: Hacer públicas, “como es regla del rigor periodístico”, dijo, pruebas de “la supuesta demanda de evasión”.
Esta historia se remonta a los primeros días de 2015. El 2 de enero de ese año, cuando acababa de pedir licencia como presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez para buscar la candidatura al gobierno de SLP, Gallardo Cardona fue detenido por la Agencia de Investigación Criminal de la entonces PGR, acusado de delincuencia organizada y de desviar fondos a empresas de las que, se aseguraba, era accionista.
Fue internado en el Cefereso 11 de Hermosillo, Sonora y después trasladado al penal de Ocampo, Guanajuato. Estuvo preso casi un año hasta su excarcelación el 10 de diciembre de ese 2015 por faltas al debido proceso.
Periodistas que han dado cuenta de la historia reciente de SLP, entre otros Omar Niño, refieren que la vox populi aseguraba que su liberación se logró gracias al apoyo del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y su muy cercano ex delegado de la SCT en el estado, César García Coronado, apodado “El Rey del Moche”.
En septiembre de 2015, tres meses antes de que saliera de prisión, la SEIDO de la PGR, con el apoyo de la Procuraduría Fiscal de la Federación, inició contra Gallardo Corona, apodado “El Pollo”, la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/292/2014 ante la posible comisión del delito de defraudación fiscal equiparada. El 15 de enero de 2016 se presentó la querella correspondiente por no pagar poco más de nueve millones de pesos del ISR correspondiente al ejercicio fiscal de 2012, misma que fue ampliada por otros siete millones de pesos el 13 de noviembre de 2017.
La indagatoria fue consignada el 21 de noviembre de ese año ante el Juzgado Cuarto de Distrito de SLP el cual se declaró legalmente impedido para conocer la causa “por cuestión de sistema penal” (¿?) y declinó la competencia al Centro de Justicia Penal Federal de SLP, que también se declaró incompetente. Éste, sin embargo, fue declarado competente por el Tribunal Unitario del Noveno Circuito.
El 17 de octubre de 2019, el MP de la Federación emitió un decreto de no ejercicio de la acción penal que la Procuraduría Fiscal impugnó el 9 de enero de este año ante el Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México que, a su vez, se declaró legalmente incompetente para conocer de ese recurso el 11 de febrero, porque el caso ya se había judicializado en el Centro de Justicia Penal Federal de SLP.
A partir de ahí se desató un conflicto competencial en cuyo debate la parte acusada ha argumentado la prescripción del delito, lo que dio lugar a que la Procuraduría Fiscal solicitara, como parte afectada, un amparo indirecto contra las disposiciones de los órganos jurisdiccionales, solicitud que fue hecha el pasado primero de julio al Tribunal Unitario del Noveno Circuito.
Toda esta historia viene referida en la solicitud de juicio de amparo indirecto, fechada primero de julio de 2020, que la Secretaría de Hacienda, a través de la Procuraduría Fiscal, envió al citado tribunal.
El Tribunal Unitario del Noveno Circuito turnó la solicitud otra vez al Juzgado Cuarto de Distrito que el tres de julio pasado y extrañamente volvió a declararse incompetente para atender el caso.
El Tribunal Unitario deberá resolver en los próximos días el curso que dará a este asunto que, como se ve, sigue vigente.
