Víctor Barrera
Las declaraciones que realizó este fin de semana en Manzanillo, Colima, Andrés Manuel López Obrador respecto a que las Secretarias de Defensa (Sedena) y Marina (Semar), se harán cargo de la vigilancia y administración de puertos y aduanas, debe preocuparnos a los mexicanos porque esto indica dos cosas importantes.
La primera que este gobierno está otorgando demasiado poder al ejército y la marina que solamente significa una cosa, la militarización del país
La segunda que de alguna manera declaró la guerra a las organizaciones del crimen organizado, que durante años han utilizado las aduanas y puertos para el trasiego de armas, drogas, productos ilícitos e ilegales que son su principal fuente de financiamiento para sus grupos paramilitares, como lo demostró a través de un video el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ese mismo fin de semana
Si esta medida fue recibida como una decisión de importancia, desde el punto de vista económico, que permitirá evitar el boquete fiscal que provoca la introducción de muchas cosas sin el debido pago de impuestos, por los altos niveles de corrupción existentes en las aduanas y puertos, desde el punto de vista de seguridad nos pone a pensar si las fuerzas armadas están en condiciones de enfrentar al crimen organizado, que también está equipado con armamento y quizá de mayor sofisticación.
Entonces una medida positiva puede derivar, de no aplicarse correctamente, en una negativa de consecuencias enormes que deberá ser pagada lamentablemente por la población.
Esperemos que López Obrador haya analizado las consecuencias de esta decisión, porque la primera reacción es la renuncia de su Secretario de Comunicaciones y Transportes, si es que alguna vez existió este puesto como tal, y hasta el momento la sumisión del Secretario de Hacienda que, ante esto debe tener ya una nueva estrategia para que los militares le rindan cuentas de todo lo que pasa en las aduanas y puertos y las cantidades económicas recaudadas en las mismas.
Otro punto que deberá explicar el gobierno federal será ante la población a través de sus representantes en el poder legislativo, porque tomó esta decisión y argumentar los puntos principales que como todos sabemos es la corrupción que persiste en estos lugares, pese a que en tan solo en menos de dos años han pasado en la Dirección General de Aduanas tres funcionarios.
Serán nuestros legisladores quienes también deberán pedir explicaciones a los anteriores directores de generales de aduanas, uno de ellos regreso ya a su curul como senador, por qué no se ha podido erradicar la corrupción persistente y analizar si la decisión tomada por el titular del ejecutivo es viable sin tener consecuencias colaterales.
Las cantidades de evasión de impuestos e introducción ilegal de diversos productos suman miles de millones de pesos, que ha utilizado durante años las organizaciones criminales incluyéndolos de cuello blanco para someter a la población mexicana bajo el yugo de la violencia e inseguridad, pero un enfrentamiento con los grupos militares representara la vida de gente que no tiene un precio.
Insistimos la decisión tomada por López Obrador es positiva en términos económicos, pero en lo social y estructura política no son tan claras, porque declarar la guerra a los grupos criminales no es cosa fácil si se tiene al ejército y la marina realizando labores de seguridad pública, también en apoyo a la población con programas de auxilio o como simples guardianes de presas en Chihuahua que impiden que los agricultores de las regiones aledañas accedan al agua y condenando a sus cosechas y ganado a morir, solo porque se debe cumplir con el compromiso de otorgar agua a nuestro país vecino.
Pero otorgar mayor poder a un sector también es de un riesgo constante, recordemos que en el siglo pasado, muchos países sufrieron de golpes de estado derivado del inmenso poder que llegaron a tener las fuerzas armadas, ojala y nos equivoquemos y todo haya sido analizado a profundidad, porque es más importante la vida de los pobladores al dinero
