Pepe Alemán
La plataforma “Ciudadanos Observando” dio a conocer una presunta red de corrupción que desfalcó al erario por 176 millones 425 mil 154 pesos en contratos que la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado habría pagado
a empresas fantasmas, por lo que anunció que presentará la denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y exigió la inmediata intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por tratarse de recursos federales.
Durante la presentación de la investigación, el vocero de “Ciudadanos Observando”, José Guadalupe González Casarrubias señaló que más de 153 millones fueron depositados a cuentas bancarias vinculadas o propiedad de Gabriel Alan Salazar Soto, acusado de defraudar a empresarios a través Invercop Capital Financiero que pertenece al Grupo Infinite cuyo Consejo de Administración presidía, mientras que 22 millones 400 mil pesos le fueron depositados a las empresas “Kazpher Proyectos, Insumos y Mantenimiento Universal” y “Servicios Empresariales Aplicados Glutivec S.A. de C.V”, ambas entre las señaladas en “La Estafa Maestra” en Baja California durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
González Casarrubias acusó directamente a la titular de la Secretaría de Salud del gobierno estatal, Mónica Liliana Rangel Martínez, quien además encabeza el Comité estatal para el combate al Coronavirus Covid-19, de formar parte de esta red de corrupción, ya que sin su consentimiento sería imposible que dichos contratos se hubieran concretado.
El vocero de la plataforma ciudadana explicó que todos los contratos fueron obtenidos de la misma dependencia estatal mediante solicitudes de información, por lo que con esos documentos oficiales se dieron a la tarea de descubrir que la gran mayoría de los domicilios fiscales en realidad son viviendas particulares y también que muchos de los presuntos socios dados de alta aseguraron no serlo y, en otros casos, acusaron que se había usado su nombre y falsificado su firma.
Aseguró que 17 de las empresas tienen vínculos entre sí y con familiares de Salazar Soto, las cuales facturaron por mensajes masivos en medios de comunicación, adquisición de bolsas tipo monedero, bolsas tipo mochila, bolsas tipo morral, cangureras y cilindros de plástico, brindis de bienvenida y diversos servicios.
“Comprobamos cómo los procesos de compras y adquisiciones fueron totalmente amañados, ya que en las invitaciones a tres proveedores para que ganaran las razones sociales ligadas a Gabriel Salazar, se incluían empresas y participantes a los que les fueron robadas sus identidades; se presentaban cotizaciones y firmas apócrifas, situación confirmada por las personas con las que pudimos entrevistarnos; las irregularidades fueron tan grandes, que incluso logramos detectar pólizas de fianza apócrifas, como por ejemplo la 2532327 y la A1A8 KJ4Z 19″, estableció el portavoz.
Mostró ampliaciones de documentos oficiales donde es evidente la diferencia entre firmas en diversos contratos firmados por la Subdirectora Operativa de la Secretaría de Salud estatal, Sandra Pulido Valencia, así como del supuesto proveedor, Emmanuel Aureliano Moreno Márquez.
“Presentaremos la investigación con las pruebas a la Auditoría Superior de la Federación porque la mayoría de los recursos son federales, aquí la Auditoría Superior del Estado ya detectó más de 63 millones de pesos en anomalías, la mayoría relacionadas con empresas de este individuo Gabriel Alan Salazar Soto”, enfatizó González Casarrubias.
Debido a los depósitos que se realizaron en cuentas bancarias de estas empresas fantasmas pidió que el titular de la UIF, Santiago Nieto, “ese es trabajo de ellos, nosotros les vamos a entregar todas las pruebas y la información que tenemos, la conclusión es que había una red enorme, que todo era ilegal y que las cabezas estaban permitiendo todas estas ilegalidades y no vamos a permitir que esto quede impune”, asentó.
