Pepe Alemán
Con el voto de los panistas José Antonio Zapata Meraz y Rubén Guajardo Barrera, así como de Patricia Silva Celis del PRI y Martha Barajas García del Panal, la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado determinó improcedente exhortar al Ayuntamiento de la capital para que rindiera un informe sobre el retiro de una vendedora de libros en la calle de Villerías e Iturbide; la legisladora de Morena, Marite Hernández Correa fue la única que votó a favor de la procedencia del dictamen.
El Punto de Acuerdo había sido presentado por la diputada María del Consuelo Carmona Salas, de Morena para que el alcalde capitalino, Xavier Nava Palacios entregara un informe sobre el operativo, pues la quejosa argumentó que no fue notificada con anterioridad y que se ejerció en su contra violencia laboral de género.
El primer argumento en contra de la procedencia del dictamen lo esgrimió la panalista Martha Barajas García, quien asentó que el Congreso del Estado no es un órgano jurisdiccional para juzgar el acto y quien debe hacerlo debe ser en el Tribunal de Justicia Administrativa; añadió que no hay presunción de discriminación por cuestión de género, sino que la autoridad municipal realizó el operativo para erradicar el comercio informal de la zona sin distingo de condición política o de género.
En el mismo sentido se pronunció la priista Patricia Silva Celis, quien acentuó que el Legislativo, de aprobar el exhorto estaba invadiendo esperas fuera de su competencia y que lo más recomendable era promover una iniciativa para regular el comercio informal en la ciudad, “estamos excediéndonos en este dictamen”, apuntó.
A favor del exhorto, la diputada morenista Marite Hernández Correa señaló que uno de los derechos humanos es el derecho al trabajo, además de la obligatoriedad por parte del municipio de fundar y motivar, por lo que pidió se aprobara el dictamen para que la autoridad municipal dé certeza jurídica a todos los comerciantes informales.
Le respondió Patricia Silva Celis quien dijo coincidir en que el derecho al trabajo se debe respetar, sea formal o informal; sin embargo, afirmó que una de las funciones de la autoridad municipal es precisamente regular el trabajo informal.
En otro punto del orden del día en la reunión virtual, se analizó otra iniciativa de la morenista María del Consuelo Carmona Salas para reformar el Artículo 48 Ley de Desarrollo Social para el Estado y Municipios, referente a la denuncia popular sobre eventuales malos manejos por parte de las autoridades; la discusión se centró en el anonimato del denunciante, donde el dictamen señala que, en esos casos, la procedencia o no de la denuncia se haría por estrados.
Al respecto, Patricia Silva Celis vertió argumentos en contra por considerar que se presta a situaciones en donde, en materia de derechos humanos el denunciado está vulnerado porque el denunciante no da la cara ni se conoce su identidad; llamó a no fomentar vacíos legales y criticó que se presta a muchas maniobras en contra de quienes son denunciados, “aviento la piedra y escondo la mano no es viable, va con calzador, es muy forzado.
No es procedente”, indicó y reforzó con el riesgo de que quien es denunciado puede ser víctima de calumnias y puede generar un daño moral de entrada.
A favor opinó el panista José Antonio Zapata Meraz quien indicó que, de acuerdo con la Consejería Jurídica del Ejecutivo estatal a quien se le pidió opinión, la reforma es viable. También a favor, la morenista Marite Hernández Correa aseveró que con la denuncia ciudadana anónima no se vulnera ningún derecho humano pues se respeta el principio de ser escuchado, además de que se busca abonar a la transparencia y el combate a la corrupción.
La votación quedó empatada con los votos en contra de Patricia Silva Celis y Martha Barajas García, mientras que el panista Rubén Guajardo Barrera se abstuvo; finalmente el voto de calidad de Marite Hernánez, como presidenta de la comisión, inclinó la balanza a favor del dictamen.
En asuntos de mero trámite, 7.- Iniciativa art 8 fracc 3, 15 fracc 3 de la Ley de Desarrollo Social para el estado y municipios, presentada por unanimidad fueron votados a favor una iniciativa de Rubén Guajardo Barrera para que en el Consejo Consultivo de la Secretaría de Desarrollo Social regional (Sedesore) del Gobierno estatal se incluyera un representante del Congreso del Estado y otra promovida por la panista Vianey Montes Colunga para que los prestadores de servicios turísticos también fueran incluidos en el Consejo Consultivo de la Secretaría de Turismo estatal y así puedan participar en las políticas públicas en materia de promoción. Los cuatro dictámenes aprobados ahora tendrán que pasar a votación del Pleno en sesión ordinaria.
Finalmente, en Asuntos Generales, se dio cuenta de un oficio de octubre pasado enviado por el Congreso del Estado de Hidalgo para que el Legislativo potosinos se adhiera a no permitir venta de producto de tabaco sin filtros biodegradables; los legisladores concluyeron que sólo se acusaría de recibido, pero no participar porque no es materia de la entidad potosina.
